LAS ELECCIONES andaluzas que se celebran el 25 de marzo han adquirido un carácter de plebiscito. Y ello porque lo que se vota no es tanto una alternativa política o ideológica como la continuidad de un régimen clientelista que ha gobernado Andalucía durante más de 30 años. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, disolvió ayer el Parlamento andaluz y firmó el decreto de convocatoria, que llega después de dos humillantes derrotas electorales del PSOE en las municipales y en las generales y en un clima de enorme desprestigio de los dirigentes socialistas por la acumulación de escándalos.
Al declive electoral socialista, se suma la corrupción institucionalizada en la que aparece implicada la Junta de Andalucía, con los casos de los negocios de los hijos de Chaves y las prejubilaciones falsas, un asunto que afecta directamente a Griñán como ex consejero de Economía. Fue avisado hace tres años de las irregularidades en los expedientes por la Intervención General del Estado, pero no movió un dedo para averiguar lo que estaba sucediendo. En lugar de depurar responsabilidades y tomar iniciativas de regeneración, toda la estrategia de Griñán se ha basado en retrasar las elecciones hasta el máximo posible con la esperanza de que las inevitables políticas de ajuste de Rajoy favorezcan los intereses electorales del PSOE en Andalucía. Incluso, pretendió celebrar los comicios en mayo, de lo que fue disuadido por un informe jurídico adverso.
Griñán es el continuador de todas las prácticas y vicios de la etapa de Manuel Chaves, con quien no ha tenido el valor de romper. Pero eso no le ha reportado el apoyo de los chavistas, que le consideran un dirigente sin liderazgo y esperan su derrota para pasarle factura.
El principal lastre con el que Griñán va a afrontar la cita electoral es la nefasta situación económica de Andalucía, que tiene un 31% de paro, el porcentaje más alto de la UE. Pero, además, la deuda de esta comunidad alcanzará a finales de este año la impresionante cifra de 25.000 millones de euros, según estimaciones del propio Javier Arenas, el aspirante del PP, que ha denunciado el impago de facturas y el recorte de servicios públicos en los últimos meses. Las arcas de la Junta de Andalucía están exhaustas, pero ello no impide que las autoridades sigan gastando cantidades ingentes de dinero en mantener su aparato clientelar, en subvenciones inútiles y en dispendios disparatados como la rehabilitación del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia. Ahí queda la rebelión de los funcionarios que se oponen a la equiparación de las 20.000 personas contratadas a dedo para la administración paralela creada por la Junta, constituida por una infinidad de empresas que operan sin control alguno.
Los socialistas se han mantenido durante 30 años en el poder gracias a esa cultura del subsidio que tan buen resultado les ha dado. Pero la crítica situación de Andalucía exige un cambio de rumbo que ponga las bases de una economía competitiva y acabe con esas estructuras caciquiles y proteccionistas que suponen la base electoral del PSOE.
El hombre que personifica el cambio es Javier Arenas, un político con experiencia y los pies en el suelo. Ha realizado una consistente labor de oposición y las encuestas le colocan al borde de la mayoría absoluta. La cuestión es si Arenas está dispuesto a llevar a cabo las transformaciones en profundidad que requiere Andalucía o se va a conformar con un cambio meramente cosmético.
El PSOE ha tenido 30 años para modernizar esta comunidad y ha fracasado totalmente. Por ello, Javier Arenas y el PP se merecen una oportunidad para poder acometer esas reformas que Andalucía necesita y que deberían empezar por la ejemplaridad de los gobernantes.
Vía epesimo
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