Gracias al formidable desarrollo económico que España experimentó a lo largo del siglo XVI se logró que nuestro PIB por habitante fuese en 1.600 exactamente igual al de Austria o al de Francia, algo superior al de Alemania, algo inferior al de Inglaterra, y sólo con claridad inferior al de Flandes e Italia entonces, por cierto, en buena parte, dentro de la influencia de Madrid. Pero llegó el siglo XVII, y de la solución de los problemas económicos se encargó el valido duque de Lerma, que decidió resolver, desde luego, los muy serios problemas que se presentaron por el sendero de los arbitrios. Se aderezaron con típicas políticas de encubrimiento de la realidad, como fue la sustitución de plata por cobre, en un alto porcentaje, en las monedas. Tras la inflación del vellón que así se produjo, se buscó cómo impedir que se percibiese con dos medidas. Por un lado, persiguiendo a los economistas críticos, como sucedió con el proceso al P. Mariana. Por otro lado, con medidas populistas capaces de distraer a la población, como la expulsión de los moriscos de 1609 a 1614. El resultado fue, naturalmente penoso. A lo largo del siglo XVII no avanzó absolutamente nada el PIB por habitante español. A pesar de la llegada de cantidades crecientes de plata americana a Sevilla, en el año 1700 estábamos, en esta magnitud del PIB por habitante, claramente por debajo de austriacos, franceses, alemanes, italianos, flamencos y británicos. No se había logrado superar ni la financiación de fracasos exteriores; ni la existencia de Administraciones públicas dispares, a pesar de los esfuerzos de Olivares; ni las consecuencias de la citada inflación del vellón; ni la sustitución de los españoles por genoveses y flamencos en el comercio con las Indias; ni la caída del cambio de la moneda y, a pesar de ello, la existencia de una balanza comercial negativa; y por supuesto, tampoco la bancarrota del Estado. Es bueno volver la vista atrás porque, de nuevo, el proceso de convergencia en el PIB por habitante (PIB pc) había surgido, respecto a los países más importantes, fruto de un fuerte desarrollo logrado desde 1959 a 2008. A pesar de la crisis, ese año teníamos el 88% del PIB pc británico; el 90% del alemán; el 96% del francés, y el 69% del norteamericano; en 1959, los porcentajes eran, el 37% del británico; el 43% del alemán; el 43% del francés y el 27% del norteamericano. Pero a lo largo de 2008, y desde luego, en 2009, y con claridad en el verano de 2009, de nuevo el fantasma de los arbitrios y de los enmascaramientos ha surgido con fuerza. Últimamente lo hemos visto en forma de condena de la energía nuclear y con la apuesta en favor de energías renovables mucho más caras; en las cesiones ante las autonomías, en forma de mayor gasto público y aceptación sumisa de que éstas rompan la unidad del mercado nacional; en la negativa a la reforma del mercado laboral, o en la apuesta por el mito del desarrollo sostenible. Pero, así se soslayan, con estos arbitrios, y con medidas propuestas, como las relacionadas con el aborto, o con la educación para la ciudadanía, o con decisiones anticlericales, los doce grandes, ineludibles, problemas que tiene la economía española en estos momentos. Simplemente los enuncio. El primero es la necesidad de continuar sin riesgos en la Eurozona. Esto plantea la realidad de ser competitivos, como dijo para siempre Mundell, en 1901, en “The American Economic Review”, en su artículo ya clásico sobre las áreas monetarias óptimas. Pero, segundo problema a superar: la obligación de desregular y flexibilizar todo lo posible nuestra economía, lo que significa tener multitud de intereses concretos, herederos de los mecanismos interventores múltiples creados desde hace un siglo, amén de las prácticas existentes restrictivas a la competencia. Añádase, tercera cuestión, la que se deriva de nuestra muy mala situación por lo que respecta a la productividad total de los factores. Las denuncias, en torno a esto de Julio Segura, del profesor Molero, de Sánchez Asiaín, las puntualizaciones de Álvaro Cuervo, no parece que sean tenidas en cuenta. El cuarto problema a resolver es el educativo. Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, y Villar Mir en una conferencia en la Real Academia de Ingeniería el 27 de enero de 2009 han colocado esta cuestión “en primer lugar” para mejorar nuestro capital humano de cara a crecientes retos de competitividad. El quinto es la urgentísima superación, como nos ha mostrado Carlos Sebastián, de la existencia en España, en magnitud claramente superior a la que tienen los países más desarrollados, de complicaciones burocráticas excesivas, de restricciones formales e informales notables que se alzan ante los empresarios, o de lo que informa el Doing Business Project del Banco Mundial: en el terreno judicial, para 178 países, España ocupa el puesto 82 por la duración de los procedimientos, en el 101 por el número de pasos precisos en los procedimientos, y en el 39 por el coste de litigar. El sexto, sobre la reforma del mercado de trabajo, tiene este planteamiento previo tal como expuso el Secretario de Estado de Economía, Campa: “Una característica de nuestro mercado (de trabajo)... es que tenemos una capacidad altísima de generar desempleo y eso es un síntoma de que algo hay que hacer para evitar que esto siga ocurriendo”. El séptimo es el despilfarro en la política de construcción de infraestructuras. El famoso Plan E, por eso, en palabras de Villar Mir, va “a suponer un elevado coste para España, ya que va a desviar a nuestras economías de la senda de la estabilidad presupuestaria y va a incrementar considerablemente el nivel de endeudamiento del Estado”. Para nada se tiene en cuenta lo que señaló Aschaver en su artículo “Is Public Expenditure Productive?” publicado en el “Journal of Monetary Economics”, en 1989. El octavo problema es el energético, España es campeona, por desgracia, en el nivel de dependencia energética con el exterior, en el grado de intensidad energética —esto es, en la necesidad adicional de energía para aumentar en una unidad el PIB y en carestía, a pesar de lo cual se decidió, prescindir de la energía nuclear. El profesor Centeno, sobre esto ha señalado: “De no haberse producido moratoria (nuclear) hoy estaríamos generando 195.000 millones de Kwh/año..., prácticamente el mismo porcentaje que Francia, a un precio de 14 euros Mwh, y eso significa un ahorro de 8.300 millones de euros/año, una reducción de un tercio en las tarifas, o 12.600 millones, o el 50% de la tarifa, si el precio de gas recupera el nivel de hace un año”. El noveno problema es el referente a los mercados financieros. Más de una entidad se encuentra con problemas serios en este sentido que, como en el caso de las Cajas de Ahorros, precisa de reformas importantes. Pero, ¿cómo hacerlo sin enfeudamientos políticos? Muy serio décimo problema, el de la fractura de mercado único español por las decisiones administrativas crecientes de las autonomías. La segmentación en lo económico frena el desarrollo, no lo impulsa. Por ejemplo, respecto a Europa, recientemente lo ha planteado Eichengreen en un ensayo que tituló “The break-up of Europe”, o sea, “la ruptura, el deshacerse de Europa”. Se corre el riesgo, si no alteramos nuestra política económica —y de ahí la extraordinaria importancia de la decisión que se adopte respecto al Estatuto de Cataluña por el Tribunal Constitucional , de asistir al “break-up of Spain”. El undécimo es el planteado por nuestro sistema tributario. En España ha surgido lo que Schumpeter llamó en 1918, “la crisis del Estado fiscal”. Se hunden los ingresos impositivos; es contraproducente aumentar los tributos; se desmandan los gastos; los contratiempos políticos si este crecimiento de los dispendios públicos se frena, son enormes; pero si se mantienen, la crisis es segura. Todo ello exige un replanteamiento muy a fondo. Finalmente, el duodécimo problema es el derivado de nuestro Estado de Bienestar. Las complicaciones que surgen en él, en el terreno de las pensiones, en el del gasto de las atenciones sanitarias, en el de las prestaciones por desempleo, en el de la práctica carencia de ayuda familiar, en el de las atenciones a los discapacitados, y en el de la carga para los empresarios de muchas de estas atenciones, amenaza con convertirse en algo que afianzará la crisis de nuestro Estado fiscal. ¿Esta situación invita a imitar al duque de Lerma, o en cambio, a esa galería de duros reformadores constituida por esa reciente serie histórica de los Ullastres, los Fuentes Quintana, los Boyer y los Solchaga, los Aznar y los Rato? Gracias a la democracia, la decisión corresponde al conjunto de los españoles. Ellos van a optar, por fuerza, si continuamos el desarrollo y nos embarcamos en otro siglo XVII.
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