Horas antes, la Junta Electoral había fallado que la convocatoria de la plataforma Democracia Real Ya de una protesta contra el sistema en el centro de la capital era ilegal. La Junta justificaba su fallo con dos argumentos: que los solicitantes no habían respetado los plazos fijados por la Ley Electoral y que el acto podía perturbar el desarrollo de la campaña electoral, influyendo sobre el voto de los ciudadanos.
La decisión de la Junta es discutible por su rigor restrictivo del derecho de manifestación, pero lo esencial no es eso. Lo esencial es que las resoluciones de los órganos competentes deben ser respetadas y cumplidas en un Estado de Derecho. Lo que sucedió ayer es que los manifestantes desobedecieron una obligación legal y, peor aún, que el Ministerio de Interior lo consintió. La Policía tenía que haber impedido el acceso a la plaza, pero no lo hizo. Se limitó a informar a las personas que llegaban a la Puerta del Sol de que el acto era ilegal -todo un sarcasmo-, pero en ningún momento cortó el paso ni hizo amago de intervenir o de pedir a los manifestantes que se fueran.
Es cierto que hubiera sido una temeridad recurrir al uso de la fuerza cuando la plaza estaba llena, pero hay muchas maneras de impedir una manifestación y el Ministerio de Interior no hizo nada para ejecutar el mandato legal de la Junta Electoral.
Visto como se desarrollaron los acontecimientos, parece claro que el Gobierno no quería realizar ningún gesto que molestara a los jóvenes que han salido a la calle para protestar contra los políticos, los banqueros, el paro y la crisis. Y ello porque todo indica que Zapatero y los dirigentes socialistas creen que van a poder capitalizar políticamente ese descontento expresado mayoritariamente por jóvenes que votan o tienen unas ideas cercanas a la izquierda.
El propio presidente del Gobierno pidió ayer el voto A SUS VÍCTIMAS , «los progresistas críticos», para «no regalar» la victoria al PP, en línea con otros dirigentes socialistas como Patxi López, Tomás Gómez, José Antonio Griñán, Valeriano Gómez, Trinidad Jiménez o Juan Alberto Belloch, que expresaron su cercanía con el movimiento del 15-M.
Felipe González, que comparó la Puerta del Sol con la plaza Tahrir de El Cairo, fue todavía más lejos al hablar de «fenómeno interesantísimo» en el que no caben «reacciones endogámicas o simplistas», mientras que Rodríguez Ibarra juzgó sus peticiones «razonables» y afirmó que el mes se recordará en el futuro no por el 1 de mayo sino por el 15.
A juzgar por todas estas declaraciones y expresiones de simpatía, es evidente que el PSOE se hace la ilusión de que estos jóvenes podrían ser potenciales votantes en la jornada del domingo o, al menos, engrosar su electorado si Rajoy llega a gobernar.
Nadie sabe cómo va a terminar este movimiento juvenil ni qué influencia puede tener en estas elecciones, pero lo que no es discutible es que las leyes están para cumplirlas. En esa medida, el Ministerio de Interior tiene la obligación legal de desalojar la Puerta del Sol y hacer que las resoluciones de la Junta Electoral se cumplan. Máxime cuando los manifestantes, crecidos por su éxito, convocaron anoche otro acto para la jornada de reflexión, argumentando que a ellos no les afecta ese imperativo legal. Ello suscita un inquietante paralelismo con lo que sucedió en la víspera de las elecciones de 2004 con las protestas ante las sedes del PP. Ese lamentable espectáculo no debería volver a repetirse.
El PSOE está jugando con fuego porque cree que este movimiento dejará de ser antisistema para convertirse en anti-PP el día en que Rajoy llegue a La Moncloa
Vía epesimo
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