UPyD considera que la Inspección debe "depurar responsabilidades" en el IES Pau Casesnoves
La iniciativa de manifestar y organizar desde un instituto un acto que involucre a todos los centros educativos, y en horario lectivo, en rechazo de las declaraciones de un político en materia lingüística, incumple el Decreto 120/2002, que regula el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria.
Palma, 27 de noviembre de 2010
Según Juan Luis Calbarro, portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares, "debemos esperar que el inspector responsable no haga la vista gorda y aplique la normativa vigente". El carácter, competencias y funcionamiento del Claustro de profesores están perfectamente delimitados en los artículos 23, 24 y 25 del Decreto 120/2002, del que se desprende que "el Claustro debe dedicarse a cuestiones organizativas y didácticas que afectan al funcionamiento interno del centro, nunca a tomar posición a favor ni en contra de debates externos", recuerda Calbarro. Para UPyD, la directora del centro, Joana Prohens, e incluso el Conseller de Educación, Bartomeu Llinás, han propiciado que se incumpla el Decreto. Éste último se limitó pasivamente a tolerar la iniciativa por ser “una reacción a una acción”, aludiendo así a las declaraciones de José Ramón Bauzá. "Es especialmente grave que la educación se politice hasta el extremo de que sus funcionarios y responsables se arroguen la capacidad de ignorar la ley", afirma Calbarro. Desde UPyD se afirmó recientemente que este extremo justificaría la petición de dimisión del Conseller del ramo.
Lo mismo se infiere de los artículos 27 (sobre las funciones del equipo directivo) y del 34, que precisa con detalle las funciones del director, todas ellas en clave estrictamente educativa y de funcionamiento del centro. Por ello, Calbarro se pregunta por el papel que desempeña el servicio de Inspección en este asunto, pues "se trata de profesionales supuestamente independientes de veleidades políticas, que deberían paralizar en sus respectivos centros la politización de la actividad académica. No sólo se han superado las funciones del Claustro y Director, sino que se han usado los recursos de un centro para difundir la convocatoria a un acto extraacadémico". Por último, y "más grave todavía" para UPyD, es "el hecho de que se pretenda involucrar en el acto de protesta a menores de edad, por hacerse en horario lectivo. Una iniciativa de este corte debe ser comunicada previamente y por escrito a los padres y al Consejo Escolar del centro". La Inspección, en opinión del portavoz del partido de Rosa Díez, "debe actuar de oficio para aclarar la situación y depurar responsabilidades".
"No se trata de un asunto baladí, pues la profesionalidad de quienes dirigen la educación balear está en juego. La pasividad de la Inspección haría sospechar que el mal está profundamente arraigado, y que sólo ha aflorado la punta del iceberg", concluye Calbarro.
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